El pasado 8 de abril se dio a conocer que la compañía Red Eléctrica Española había firmado un convenio de colaboración con el ayuntamiento de Antas (Almería) para adquirir los Fondos Arqueológico Fernando López Segura.
Según el comunicado de prensa, este fondo está constituido por más de 3000 bienes arqueológicos, entre los que destaca un importante conjunto argárico, sin especificar. Además de éste, se mencionan casi mil bienes de diferentes cronologías, desde la prehistoria hasta época medieval.
El convenio implica una aportación por parte de la compañía de 325.000 €, destinados a contribuir a la compra íntegra del fondo. Será una parte importante de la colección museográfica del Centro de Interpretación de la Cultura Argárica (CICA), que se prevé inaugurar este mes de mayo.
Para Red Eléctrica Española ha sido una muestra de su compromiso por colaborar en el desarrollo social. El alcalde de Antas les ha agradecido su sensibilidad hacia el proyecto. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en el término municipal se está construyendo una subestación de transporte de energía eléctrica para alimentar la línea de alta velocidad ferroviaria entre Murcia y Almería. Es probable que este compromiso y sensibilidad se deba más bien al preceptivo porcentaje cultural obligado por ley.
Para el alcalde, la firma del convenio es un paso importante para la proyección de El Argar. Cabe recordar que este excepcional yacimiento se encuentra en su término. Asimismo, agradece a Fernando López el interés mostrado en que su colección acabe en el pueblo, aceptando un precio muy inferior al de la tasación y rechazando ofertas muy superiores.
No he encontrado ninguna referencia anterior a la noticia sobre este fondo. No he sabido encontrarlas o, sencillamente, no existen. Esta falta de antecedentes y estudios de los bienes que lo componen, comentarios en red y con personas que conocen el caso más de cerca, señalan hacia el peor de los escenarios en cuanto a su posible origen: el expolio.
Nada se dice cómo se ha logrado reunir esta respetable cantidad de bienes arqueológicos. ¿Han sido adquiridos por su titular directamente a los arqueofurtivos?, ¿a través de intermediarios?… Sea como fuere, a pesar de ser muy diferentes, me recuerda el triste caso del fondo Arqueológico Ricardo Marsal Monzón. Diferencia destacable es que entonces hubo una investigación previa (Operación Tambora) y se resolvió con la donación de todo su contenido. Esta vez, veinte años más tarde, no parece haber ninguna investigación y se resuelve con una compra. ¿Cómo es posible?.
No parece que se trate de una colección conformada con anterioridad al año 1985, cuando los bienes arqueológicos se declararon de dominio público ope legis. Y, si han sido expoliados con posterioridad a esa fecha, es absurdo comprarlos, pues a pesar de que hayan prescrito todas las presuntas infracciones y delitos podrían haberse comisado. En consecuencia, si han firmado un convenio tengo que, como mínimo, el fondo debe de estar debidamente legalizado. Vuelvo a preguntar, ¿cómo es posible?.
Una probabilidad es que se haya conformado a partir de bienes provenientes de procedimientos judiciales. En las acciones contra el expolio arqueológico, cuando los indicios recolectados no permiten acreditar su origen ilícito de los bienes comisados y los casos se desestiman, archivan o los encausados son absueltos, los jueces suelen devolver todos estos bienes a sus «legítimos propietarios». In dubio pro reo. De esta forma se legalizan, dejando de ser -si nunca lo han sido- de dominio público.
En ninguna parte se menciona la intervención de peritos calificados para valorar económicamente el fondo. La cantidad es muy alta, teniendo en cuenta la presunta descontextualización y desconocida trazabilidad de los bienes. Parece que se han seguido criterios mercantilistas, dejando de lado a los científicos y culturales.
En caso de que lo expuesto se ajuste a la realidad, con este convenio los ciudadanos sufriremos de un segundo expolio. El primero fue el de las muchas remociones en muchos yacimientos arqueológicos y el de la afectación de todavía muchos más bienes arqueológicos contextualmente vinculados a los más de tres mil que ahora se compran. El segundo, el del dinero destinado al acuerdo, ya que es en gran parte público al estar la compañía participada por el Estado.
La recuperación de estos fondos debería haberse gestionado de otro modo. Mucho mejor habría sido destinar ese dinero al mantenimiento de El Argar ya promover su investigación y dinamización. Entonces sí que podríamos hablar de compromiso, proyección y desarrollo social. En cambio, con este convenio, tal y como se ha hecho, estamos recompensando el expolio e incentivando acuerdos similares.
Desde que se publicó la noticia, hace casi un mes, y hasta el momento de entregar este texto, no ha habido más informaciones. Nadie ha dicho nada. Todo parece correcto. A no ser que sea peor.
Joan-Carles Alay es doctor en Arqueología y miembro de la Comisión de Patrimonio Societat Catalana d’Arqueología
Este articulo ha sido publicado en Full d’Informació (Societat Catalana d’Arqueología) (nº 445, mayo 2025)