REDACCIÓN. La Fiscalía Provincial de Madrid pide entre tres y seis años de prisión para seis presuntos expoliadores arqueológicos acusados de vender piezas robadas en el mercado legal. El juicio arranca este martes, 29 de septiembre, según el escrito de acusación del Ministerio Público.
Este juicio es el resultado de la Operación Tulipa, llevada a cabo por la Brigada de Patrimonio Histórico de Policia Nacional y se pudieron intervenir 71 piezas arqueológicas de épocas visigoda, nazarí, califal y renacentista. Investigación que se inicó en 2021 cuando, agentes especializados de la Brigada de Patrimonio Histórico, detectaron en un stand de la feria FERIARTE 2021 un capitel de estilo califal que llamó la atención de los investigadores.
Según los técnicos especialistas de los museos que han llevado a cabo el estudio de las piezas arqueológicas, el valor total ascendería a 403.000 euros, cantidad que se superaría ampliamente en los circuitos comerciales legales del arte.
El escrito imputa a los seis acusados, tres hombres y tres mujeres, un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal. El Ministerio Público sostiene que los acusados adquirían piezas arqueológicas robadas para colocarlas después en el mercado legal, y que esa operativa es la que da pie al delito de blanqueo, según informa MONCLOA.COM
El relato de la Fiscalía distingue entre la adquisición del material y su salida al mercado. Las piezas llegaban ya sustraídas de los yacimientos, según el escrito, y el grupo se ocupaba de preparar las transacciones y de darles apariencia de legalidad. Ese reparto de tareas es el que sostiene la imputación por grupo criminal.
La trama que operó entre 2015 y 2022
Según el relato del Ministerio Público, entre 2015 y 2022 tres hermanos, uno de ellos ya fallecido, montaron una estructura que la acusación califica de «estable» y «eficaz» para hacerse con piezas arqueológicas. El texto sitúa el origen de casi todo el material en Andalucía y lo describe como de procedencia ilícita.
De esta manera, en las once operaciones que llevaron a cabo se introdujeron las piezas saqueadas en el mercado legal de antigüedades, «ocultando su ilícito origen, y produciendo sustanciosos beneficios económicos para los integrantes de la estructura descrita».
El escrito de acusación indica que entre los años 2015 y 2022 tres hermanos –uno de ellos ya fallecido– crearon una trama «estable» y «eficaz» para hacerse con distintas piezas arqueológicas. Posteriormente, se unieron al grupo otras dos personas, que también han fallecido. y una de las acusadas, que se dedicaban a preparar las transacciones para las operaciones de venta de las piezas adquiridas, «simulando documentalmente su origen lícito procedente de herencias respectivas inexistentes».
Con esa documentación, vendían las piezas al dueño de una galería de antigüedades en Barcelona, registrando las adquisiciones y su supuesta procedencia en su libro. Para la confección de los documentos de venta implicaban a la hija de uno de los fallecidos, «siguiendo a conveniencia instrucciones de su padre y tíos», siempre según el Ministerio Público.