España, lo sabemos, posee uno de los patrimonios históricos y culturales más ricos del mundo. También sabemos que su protección y cuidado está fundamentalmente a cargo de las administraciones públicas, en sus diferentes ámbitos local, autonómico y nacional, con múltiples normativas que teóricamente se deben complementar pero que frecuentemente provocan más confusión que otra cosa.
La voz de la ciudadanía se hace notar con la presencia de múltiples asociaciones implantadas en el territorio, de mayor o menor entidad, pero casi todas de ámbito reducido, y menor poder de actuación, más allá de la mera denuncia en lo que se refiere a actuaciones inadecuadas, con efectos positivos en algunas ocasiones pero en muchas otras reducidas al lamento y la exposición de la impotencia.
Existen algunas asociaciones, tales como Hispania Nostra, que cuentan con un reconocimiento específico, ligado en este caso a la Lista Roja, con extendida presencia y notorio éxito mediático, y que denuncia- o aprueba- el abandono del patrimonio- o su recuperación.
Otras, como la Fundación Santa María la Real, sita en Aguilar de Campoo (Palencia) y nacida gracias a la iniciativa del arquitecto y periodista José María Perez ‘Peridis’, son buen ejemplo de la profesionalidad que puede caracterizar a iniciativas centradas en el patrimonio, principalmente, en este caso, en Castilla-León.
También existe la Asociación de Casas Históricas y Singulares, u otros proyectos como la Red Nacional de Patrimonio HIstórico, centradas la una en la conservación de inmuebles de titularidad privada con valor patrimonial y la segunda en este mismo y en su explotación con fines turísticos.
La última iniciativa que se ha sumado a las anteriores y que pretende alcanzar dimensión nacional es la Unión de Asociaciones por el Patrimonio, nacida en 2023, y compuesta por 21 asociaciones de toda España que velan por la conservación del patrimonio cultural y natural.
Todas ellas son iniciativas de mayor o menor éxito, de mayor o menor tradición, gozando de reconocimiento en sus respectivos ámbitos. Pero su dimensión y ambición son forzosamente limitadas, por sus propios objetivos, por su campo de trabajo definido, o por no contar con los medios de financiación suficientes.
En España la participación ciudadana en la protección del patrimonio resulta escasa. No existen, ni de lejos, ejemplos como los que ha producido el mundo anglosajón, como el National Trust, que cuenta con 6 millones de miembros en el Reino Unido, pero tampoco otras como la Fondation du Patrimoine, en Francia, con presencia tanto pública como privada, o el Fondo Ambiente Italiano (FAI), inspirado en el NT británico.
Estos proyectos citados son de dimensión multidisciplinar y trabajan en múltiples ámbitos del patrimonio, como la posesión, conservación y explotación turística de inmuebles patrimoniales, la adquisición de los mismos, la financiación de su restauración, las campañas de mecenazgo, y un largo etcétera. Sus presupuestos alcanzan cifras estratosféricas y su acción posee un reconocimiento y presencia crucial en la vida cultural de dichos países.
Esto no lo tenemos en España, donde los bienes patrimoniales envejecen al amparo y compasión de las administraciones públicas, mientras algunos, a titulo particular o a través de asociaciones de alcance limitado, profieren su grito y lamento, casi siempre inútil y nada productivo. La acción de las administraciones autonómicas, que detienen las competencias en la protección del patrimonio, no facilita la tarea en buen número de ocasiones.
Y esto ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo soportará lo mucho que tenemos en nuestro país, lo mucho que tenemos que conservar y legar a las generaciones venideras, sin que surja un proyecto global que aprenda de las experiencias practicadas en otros países y lo adapte al caso del nuestro, sin complejo alguno que nos lastre, y con mucha ambición y ganas de generar una economía y una auténtica cultura del patrimonio?
Sí, hablo de Economía del Patrimonio. En mayúsculas.Hablo de generar empleos para profesionales de múltiples disciplinas del patrimonio, para arquitectos, artesanos, arqueólogos, comunicadores, educadores, historiadores del arte…para aquellas zonas rurales deprimidas que cuentan con un rico patrimonio que hay que cuidar y que puede ser un instrumento generador de riqueza, convenientemente guiado, y para todo aquel rincón de la geografía española que tiene un valor patrimonial de tipo cultural o natural que bien merezca atención.
Una iniciativa que pudiera fundir lo mejor de las experiencias previamente citadas y que adaptara los métodos de organización y operativa de trabajo a la realidad de España.
Un proyecto de gran dimensión que trabajara en colaboración con las administraciones públicas. Que las asesorara. Que desempeñara una labor complementaria, que las administraciones públicas ni quieren, ni pueden, ni frecuentemente están capacitadas para desempeñar. Más allá, que dotara de una dimensión nacional a la protección del patrimonio en un ámbito estrictamente profesional; una vía que pudiera soslayar las limitaciones competenciales a través de un proyecto común, que “hiciera país” desde el patrimonio y la cultura.
Esa iniciativa podría llamarse Fundación del Patrimonio, o cualquier otro nombre que expresara su intención con claridad.
Estamos a la espera, y, mientras tanto, humildemente, actuamos para que esta necesidad se convierta en realidad en los próximos años.