REDACCIÓN según informa la Guardia Civil en el marco de la
Las investigaciones se venían realizando desde hace meses, al haberse detectado en el yacimiento hoyos y prospecciones ilegales.
Los acusados fueron sorprendidos cuando se encontraban realizando hoyos y excavaciones ilegales sobre el terreno, provistos de potentes detectores de metales y azadas. La banda de expoliadores estaba compuesta por 5 personas de entre 24 y 56 años de edad y con domicilio en un pueblo de la provincia de Sevilla.
Varios de los detenidos tenían antecedentes policiales por hechos similares y se trasladaban desde su localidad de origen hasta el citado yacimiento, donde acampaban aprovechando el aislamiento y el arbolado. De manera coordinada coordinada y simultánea, el grupo cubría extensas franjas de expoliando objetos de valor histórico para luego ponerlos en venta.
A los detenidos les fueron incautados cinco detectores de metales, cinco azadas, numeroso material utilizado para realizar la búsqueda y excavaciones, así como varias monedas romanas y medievales que habían sido expoliadas en el yacimiento arqueológico.
En la inspección realizada por la Guardia Civil se localizaron un total de 130 hoyos de reciente excavación, pudiendo encontrar otras monedas y objetos que habían sido arrojados por los acusados en el momento de su detención.
Se han instruido las correspondientes diligencias penales poniendo a los detenidos y el material incautado a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Soria.
Así mismo, los hechos fueron puestos en conocimiento del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Soria, para la valoración de los daños causados en el yacimiento. En cuanto a las monedas y las piezas arqueológicas intervenidas a los detenidos, se van a entregar en el Museo Numantino de Soria para que se realice la correspondiente peritación de las mismas.
Este tipo de delitos están castigados en nuestro Código Penal con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses y en cuanto a las infracciones administrativas, se enfrentan a infracciones muy graves a la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, con multas de hasta 600.000 euros.