Este pasado mes de febrero, la Guardia Civil de Tarragona dio a conocer que investiga a dos personas, después de intervenirles una serie de monedas que ofrecían en plataformas de compraventa por internet. Las diligencias, que instruyen los juzgados de Amposta, estadísticamente contarán como un caso más de expolio. Hasta el momento, nada han dicho, de forma oficial, sobre la procedencia de estas monedas. Algún medio, pero, ha publicado que son fruto de actividades arqueofurtivas, utilizando aparatos detectores de metales. En caso de confirmarse, estadísticamente contará también como una única actividad arqueofurtiva.
No es habitual que se publiquen estadísticas sobre el expolio arqueológico. Las cifras se restringen al uso interno de los diferentes actores implicados: fuerzas de seguridad, administraciones culturales y judiciales, principalmente. Cada uno elabora las suyas y tampoco parece que haya mucha intercomunicación. Hechos que, sin duda, dificultan saber la realidad del expolio.
Para colmo, hemos de añadir una importante Cifra Negra . Este es un concepto criminológico, referido a los delitos que no aparecen en las estadísticas, por no haber sido denunciados ni investigados. A pesar de que vamos mejorando, el expolio arqueológico, tanto de acción como de omisión, no siempre es debidamente denunciado y muchos yacimientos ubicados en zonas poco transitadas son saqueados de forma inadvertida. Se estima que las cifras negras pueden, como mínimo, triplicar o cuatriplicar las oficiales.
Cuando, por algún motivo, llegan a publicarse estadísticas, son, en consecuencia, sesgadas y alejadas de la realidad. Nos permiten, pero, inferir algunos datos significativos. Por ejemplo, en 2015, la Guardia Civil dio a conocer una evolución de los casos gestionados entre los años 2000 y 2010, diferenciando entre los arqueológicos y el resto de delitos contra el patrimonio histórico. Más allá de las cifras, se evidenciaba que, mientras los segundos se mantenían estables y, en cierta manera, controlados, los primeros tendían a un crecimiento exponencial. Han pasado más de diez años, pero la situación se mantiene.
El Cos d’Agents Rurals (CAR) de Catalunya ha comunicado algunas estadísticas relativas a las inspecciones por uso no autorizado de aparatos detectores de metales. Entre los años 2008 y 2021, se advertía un importante incremento, sensiblemente agravado durante el período de la pandemia. En el año 2024 hubo 30 inspecciones y durante la primera mitad de 2025, llevaban 40. Deben señalarse algunas comarcas, donde el expolio siempre ha sido muy significativo, y que, inexplicablemente, no aparecen reflejadas.
A la hora de interpretar estos resultados, debemos tener en cuenta que las acciones arqueofurtivas (remociones o exploraciones intencionadas que afectan a los bienes arqueológicos) no se llevan a cabo únicamente con detectores. Hay tipos de arqueofurtivos que nunca han utilizado un detector. Ahora bien, de acuerdo con reconocidos autores, en la actualidad entre el 85% y el 90% de los expoliadores los utilizan, siendo porcentajes lo bastante significativos como para ignorarlos. Así y todo, debe tenerse presente que las cifras referidas a los detectores nunca coincidirán con la totalidad del arqueofurtivismo.
Hemos de tener también en cuenta que este considerable aumento de casos nos está indicando un incremento de operativos policiales, debido al interés institucional, pero, especialmente, a la mayor experiencia y profesionalidad de los agentes. Es decir, que, al menos en parte, no es que aumente el expolio, sino la eficacia en la lucha contra el mismo. Un titular periodístico de 2023 anunciaba que los casos judiciales de expolio en la provincia de Sevilla crecían un 50% por la labor de los guardias civiles. No se incrementaban los casos, sino que eran las acciones policiales las que acrecían las estadísticas. Así mismo, este mes de enero, en un reportaje sobre los Mossos d’Esquadra, se anunciaba que el expolio en Catalunya se disparaba un 108%.
Haya o no un incremento real del arqueofurtivismo, el hecho es que cada vez más va recortándose la cifra negra y nos acercamos a la realidad. Pero, si nunca se llegara a conseguir e, incluso, se unificaran los datos de todos los actores implicados, ¿nos facilitarían las estadísticas las verdaderas dimensiones del expolio arqueológico?
Volvamos a las monedas de Amposta. Planteamos ahora una hipótesis para intentar ajustarnos a las auténticas dimensiones del expolio. En el supuesto de ser fruto de una actividad arqueofurtiva llevada a cabo por un experto y con auxilio de un detector, probablemente no se extrajeron todas las monedas en una única remoción, ni en el mismo yacimiento. Infiriendo de otros casos, se calcula que se precisan un mínimo de dos remociones para obtener un bien arqueológico mínimamente significativo para el expoliador. En consecuencia, duplicamos el número de monedas para hacer una estimación de las remociones realizadas. La imagen facilitada en este caso muestra tres monedas. De acuerdo con la hipótesis planteada, estadísticamente, ¿deberíamos contabilizarlo como una actividad o como seis?
Con los bienes arqueológicos, empeora. La descontextualización no afecta únicamente al bien extraído. Este está vinculado a muchos otros de su inmediato entorno, tanto estratigráfico como no, y al conjunto del yacimiento. Siendo optimistas y continuando con la hipótesis, nos limitaremos a relacionarlo con otros tres. Contando el bien extraído, habremos de cuatriplicar. Las tres monedas implicarían, pues, a doce bienes arqueológicos.
Estadísticamente, ¿un caso y tres bienes arqueológicos recuperados, o seis acciones arqueofurtivas y doce bienes arqueológicos afectados?
¿Cuáles son las dimensiones del expolio, en los casos donde se recuperan más de un millar de bienes arqueológicos? Calculen y reflexionen.
Este artículo ha sido publicado en Full d’Informació de la Societat Catalana d’Arqueología (n.º 454, marzo 2026).
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