REDACCIÓN. El gobierno mexicano ha vuelto a intensificar su campaña #MiPatrimonioNoSeVende para evitar la subasta de varios objetos patrimoniales arqueológicos en subastas internacionales.
En esta ocasión, el INAH habría identificado en el catálogo de la subasta de Sotheby’s Nueva York "Arte de África, Oceanía y América" prevista para el pasado 18 de junio, dos piezas con un recorrido conocido: La máscara de Teotihuacán (alrededor del año 450-1650 d. C.) y una figura de arcilla que se subastaba como Figura sentada de Veracruz (550-950 d.C.), con un precio con un precio estimado de entre 30.000 y 50.000 dólares, la máscara y la figura un precio estimado de entre 5.000 y 7.000 dólares.
Ambos artefactos están vinculados al comerciante Everett Rassiga, especializado en arte precolombino y ampliamente investigado por su participación en el tráfico de antigüedades saqueadas durante los años 60 y 70 y han pasado por varias colecciones privadas.
Así mismo el pasado 24 de junio la Sala Millon & Associés “Tribal Addiction” ofrecía en su subasta online entre 54 lotes, 33 de origen mexicano, concretamente de culturas prehispánicas como la maya, olmeca, teotihuacana, mexica, totonaca y chontal.
Desde 2018, el Gobierno ha recuperado unas 16,500 piezas como fruto de esta campaña #MiPatrimonioNoSeVende, aunque realmente se ha tratado en su mayoría de piezas identificadas por la policía de diferentes países como traficadas ilegalmente y objetos devueltos voluntariamente por propietarios que, o bien se han sentido sensibilizados por la campaña, o que han comprendido que no van a poder vender sus piezas al no disponer de la documentación que acredite su legalmente ni su origen, ni su originalidad.
En 2025, Teresa Dodge copropietaria de Artemis, otra sala de subastas norteamericana en la diana del gobierno mexicano, declaraba que las piezas culturales de Méjico y que actualmente se hallarían únicamente en Estados Unidos: ¡Entre 100.000 y 500.000!.
La campaña del gobierno mexicano sólo tiene un efecto reputacional ya no tiene ninguna capacidad legal para su intervención rara vez se ha logrado la restitución, ya sea por lagunas en la legislación sobre restitución o por la escasez de tiempo para negociaciones adecuadas.