REDACCIÓN. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el pasado 17 de marzo, una ampliaciónn de la denominada Ley HEAR, que expira a finales del año 2026.
Esta renovación de la ley está destinada a facilitar la recuperación de obras de arte saqueadas por los nazis a los herederos de las víctimas, a pesar de las preocupaciones de algunos museos estadounidenses y partidos europeos de que va demasiado lejos al eliminar las defensas legales que los tribunales han utilizado para decidir reclamaciones anteriores.
El proyecto de ley prorrogaría la Ley HEAR de 2016 (en español, Recuperación de Arte Expropiado durante el Holocausto), cuya vigencia expiraría a finales del año 2026.
Dicha ley se diseñó para abordar los casos en que los museos habían bloqueado las reclamaciones invocando el plazo de prescripción. Otorgaba a los herederos de las víctimas del robo nazi un plazo adicional para presentar una reclamación, hasta seis años después de localizar o identificar una obra de arte robada.
Pero incluso después de la promulgación de la ley de 2016, los tribunales dictaminaron en ocasiones que el transcurso de tantas décadas había obstaculizado injustamente la capacidad de los actuales propietarios de obras de arte en disputa, incluidos los principales museos, para presentar alegaciones efectivas.
El nuevo proyecto de ley, aprobado por unanimidad en el Senado en diciembre, ayudaría a los reclamantes, en parte al eliminar dichas alegaciones basadas en el tiempo. Entre otras ampliaciones destacan:
- Prohíbe numerosas defensas tradicionales, como la "Prescripción por Inacción" (retrasos irrazonables) y la habitual deferencia de los tribunales estadounidenses hacia las acciones internas de naciones extranjeras.
- Impide las demandas por prescripción adquisitiva, que según ciertas leyes extranjeras, pueden establecer la propiedad de una obra si el poseedor la tuvo en su poder durante un período determinado sin saber que era robada.
- Deja sin efecto la doctrina del acto de Estado, una regla de derecho internacional y jurisprudencial que impide a los tribunales de un país juzgar la validez de los actos públicos realizados por otro Estado soberano dentro de su propio territorio. Se basa en la inmunidad soberana, la igualdad entre naciones y la no intervención en asuntos internos, según la cual los tribunales estadounidenses no conocen de demandas basadas en acciones de un Estado extranjero dentro de su propio territorio, y el respeto a las naciones extranjeras en virtud de la cortesía internacional, que permite a los tribunales optar por no conocer de casos relacionados con actos legislativos, ejecutivos o judiciales de una nación extranjera, basándose en el respeto mutuo.
El proyecto de ley ahora pasa al presidente Trump para su consideración. Un portavoz de la Casa Blanca declinó hacer comentarios.
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