REDACCION. según informa ABC, En un nuevo capitulo en la resolución sobre la devolución de las pinturas de Sijena, que la jueza Rocio Pilar Vargas del Juzgado de Instrucción nº 2 de Hueca, decretó el pasado 25 de julio, cinco ex Conscellers de Cultura de la Generalitat han interpuesto una querella a la propia jueza, al gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Sijena exigiendo responsabilidades administrativas si efectivamente con el traslado de los frágiles murales ocurre cualquier desperfecto o algún tipo de destrucción patrimonial.
Lluís Puig, Joan Maniel Tresserras, Ferran Mascarell, Laura Borràs y Àngels Ponsa, Concellers de Cultura a lo largo del extenso proceso judicial que culminó con la decisión del Supremo en mayo pasado, son los responsables de esta nueva querella.
Los exconsellers han señalado una "dejadez" por parte del Ministerio de Cultura, así como un sentimiento de "catalanofobia".
Ferran Mascarell expresó su «indignación» ante un problema que, según él, estaba cerca de resolverse de manera satisfactoria para todas las partes en 2006, cuando se inició y no había sido «contaminado políticamente». Para Joan Manuel Tresserras, el conflicto representa «una operación de catalanofobia que busca segmentar el patrimonio cultural». Angels Ponsa afirmó que «atacar el patrimonio es atacar a la ciudadanía». Además, Laura Borràs subrayó que «si la catalanofobia fuese un arte, el proceso judicial de Sijena sería su obra maestra». Los cinco ex consejeros hicieron un llamado a la movilización ciudadana para evitar el traslado.
Los exconsejeros dirigieron sus críticas más contundentes hacia las administraciones que han desatendido el apoyo al MNAC y la preservación de las obras. Consideran una irresponsabilidad institucional que, si las piezas resultan dañadas, esto ocurra a pesar de que los riesgos estaban claramente identificados desde múltiples frentes.
El ministerio de Cultura y su titular, Ernest Urtasun, fueron señalados por su falta de acción en la protección de un patrimonio que pertenece no solo a Aragón o Cataluña, sino a todos los españoles y a la humanidad. En este contexto, se criticó al ministerio por no haber elaborado un informe propio mediante el Instituto del Patrimonio Nacional que determinara la viabilidad real del traslado de los murales, los cuales están protegidos por la Ley de Patrimonio. Además, se acusó a la Generalitat de no haber presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Se mencionaron como antecedentes los informes elaborados sobre los supuestos traslados de la Dama de Elche y el Guernica, los cuales concluyeron que no podían ser devueltos a sus lugares de origen debido al riesgo de sufrir daños. Considerando que las pinturas murales datan aproximadamente del año 1200 y que han sobrevivido a un incendio, los consejeros opinan que su protección debería haber sido una prioridad mayor.
Por su parte, Aragón sostiene que esta nueva iniciativa se trata únicamente de una nueva táctica de intimidación y amenaza para forzar el cumplimiento de una sentencia que el Supremo dictó como definitiva, referente a la titularidad de Aragón. Para el gobierno aragonés, esto no es más que otra «estratagema» destinada a ejercer presión sobre la magistrada. Pedro Olloqui, actual director general de Cultura del gobierno de Aragón, afirmó: «Es inaceptable, traspasa los límites del estado de derecho y de la política».
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