Los conflictos con la Caja General de Reparaciones en Cataluña

La Caja General de Reparaciones de daños derivados de la guerra era un organismo, creado por el Ministerio de Hacienda, el 23 de septiembre de 1936, por orden del presidente del gobierno Francisco Largo Caballero. Su función era incautar bienes de aquellos que habían apoyado el Alzamiento del 18 de julio de 1936. Esta Caja solo funcionó en aquellos lugares donde la República frenó el levantamiento. Su director, de 1936 a 1939, fue amaro del rosal, membro de la UGT y del PCE. En Euskadi y Cataluña funcionaron independientes del resto de la zona republicana. En este capítulo hablaremos de Cataluña.

Dos meses después de la sublevación la Generalidad de Cataluña no sólo estableció la Caja, sino que la instaló en el edificio del Banco Hispano Colonial, situado en la Plaza de Cataluña 15…

“Se ha llegado en principio a un acuerdo con el Banco Hispano Colonial para que éste ceda sus instalaciones de su Sucursal Urbana, n. 10, sita en la Plaza de Cataluña, n. 15. Dicho local, con capacidad suficiente para las oficinas, tiene además unos sótanos de gran amplitud donde poder instalar los almacenes con gran seguridad para los objetos que en ellos se depositen; existe, asimismo, en dichos sótanos una instalación de cajas fuertes que serán de gran utilidad para la seguridad en la conservación de alhajas, dinero, metales preciosos, etc., así como una economía por suprimirse así el alquiler de cajas en los Bancos. Todos estos servicios tendrán hoy un mayor control del ya establecido, gracias a que estarán totalmente reunidos con un solo local”.

Además se ordenó empezar a emitir dinero. Una operación ilegal, pues Manuel Azaña, presidente del Gobierno de la República, no les había dado permiso. Con lo cual Cataluña se insubordinó y desobedeció las órdenes del gobierno central. Pero ahí no quedó la cosa. Nadie hizo nada para arreglar aquella situación. Así las cosas, de los 1.075 municipios de Cataluña, 687 emitieron moneda.

Con respecto a la Caja General de Reparaciones, la Generalidad ya había permitido que se abrieran las cajas fuertes de todos los bancos y sucursales distribuidas por el territorio. Todo menos las del Banco de España. La Generalidad interceptó un telegrama del Banco de España a la sucursal de Barcelona. En él se le ordenaba que mandara a Madrid los 373 millones de pesetas que se conservaban en la caja fuerte. Azaña no quería que ese dinero cayera en manos de la Generalidad. Después de discutir con el gobierno central, Josep Tarradellas decidió apropiarse de las sucursales de Barcelona, Tarragona, Gerona, Lérida, Reus y Tortosa del Banco de España y reconvertirlas en el Banco Central Catalán. Esto ocurría en agosto de 1936.

De esta manera y con otras incautaciones y robos, Cataluña creo su Caja de Guerra. Cuando fue avanzando la guerra y, teniendo en cuenta el resultado adverso, la Generalidad consideró conveniente tener dinero fuera de España para poder ayudar a los exiliados y a ellos mismos. El conseller de Finanzas de la Generalidad era Carles Pi i Sunyer, el cual se encargo de ir sacando el dinero al extranjero. Él mismo escribió que “desde el principio de la sublevación la Generalitat se había hecho cargo de una gran cantidad de valores de cotización internacional, joyas, metales preciosos y divisas, provenientes de incautaciones y del descerrajamiento de las cajas de alquiler de los bancos”.

El gobierno de Azaña les exigió que entregaran ese dinero, pero en ningún momento la Generalidad les hizo caso, aludiendo que no tenían autoridad para disponer de esos activos. Escribe Pi i Sunyer que “en aquellos diez últimos días de la guerra las armas legales tenían de hecho poca eficacia. Y lo que contaba era quién disponía del poder y de los instrumentos para hacerlo”.

Al final el gobierno consiguió hacerse con todos los fondos con ciertas garantías, dentro de lo que podríamos considerar un pacto entre caballeros, pero sin confiar los unos de los otros…

“La Generalitat salió así al destierro sin recurso alguno. Contaba con promesas hechas con toda solemnidad de que, no solamente se le proveería de los medios necesarios para su actuación, sobre todo en los sectores de asistencia y de cultura, sino que podría intervenir en la administración de los bienes de la República, formando parte de un superior organismo que la representara en el destierro. Para garantizar esas promesas se definió la composición y principales funciones de un organismo que debería llamarse Consejo de los Cinco Presidentes, y en cuya conformación Pi i Sunyer, de quien nos llega esta información y su pequeña historia, tuvo un papel destacado como Consejero de la Generalitat”.

Aquel pacto no se cumplió. ¿Por qué? Terminada la guerra la distribución de los fondos de la Caja General de Reparaciones quedó en manos de Negrín en París y Prieto en México. Tenían otros intereses y descartaron ayudar a la Generalidad en el exilio. En el fondo Companys y los suyos pagaron todos los desencuentros que habían provocado a lo largo de la guerra civil. Azaña comentó que la Generalidad asaltaba los servicios y secuestraba funciones del Estado, todo ello encaminado a una separación de hecho. Legislaba en lo que no le competía y administraba lo que no le pertenecía. Y concluía Azaña que “durante la guerra, de Cataluña había salido la peste de la anarquía que había debilitado la resistencia contra los rebeldes”.

Volviendo un poco hacia atrás, en el segundo semestre de 1938, el jefe del servicio de almacén pidió que se considerara la existencia de dos almacenes. Esta idea se la hizo llegar a la Dirección Genera. Su idea era la siguiente…

“El almacén central, situado en la sede de la Plaza de Cataluña, y el almacén de recepciones, que había sido habilitado hacía poco tiempo y se hallaba en la calle de Durán y Bas, que, además, deberían estar dotados del personal técnico necesario. En el primero, se mantendrían los objetos de gran valor intrínseco y los de arte que no sean retirados para conservación por la Junta Central del Tesoro Artístico; en él se hallaba también el servicio de joyería. En el segundo, se recibirían todos los objetos procedentes de las incautaciones y se conservarían los que pertenezcan a retenciones por ser el titular conocido y aquellos otros que por su carácter de utilidad merezcan ser conservados para el logro de su mayor valor, tanto los que sean de plata como los falsos. Por las características ambientales de este último almacén proponía el jefe del servicio que se conservaran en él «los mantones (de Manila) y abanicos”.

El 20 de septiembre de 1938 el Director General propuso organizar la Caja en Cataluña. Su idea era crear una Delegación de la Caja de Cataluña en Barcelona que dependiera de la Delegación fronteriza. A esta Delegación de Barcelona, que dependería del Gobierno central, se le facultaría para la organización de sus servicios en Cataluña, elaborar una plantilla de personal y solicitar el material necesario para su funcionamiento. Se nombró delegado a Francisco Sánchez Lanes y como secretario a José Meléndez Borrás. Las atribuciones de la Delegación serían…

“La recepción de bienes intervenidos a elementos desafectos; la formación de los expedientes de investigación de bienes que les sean encargados por la Dirección General; recibir las instancias solicitando la devolución de bienes o alzamiento de retenciones, informándolas y dándoles curso a la Dirección General para su resolución; la valoración de los bienes que reciban y su entrega periódicamente a la Dirección General, con excepción del metálico que entregarán directamente en las cuentas que la Dirección ordene, acompañando con la copia del acta levantada del resguardo bancario que hayan obtenido; en fin, cuidará, como hacen todas las Delegaciones, de la representación de la Caja de Reparaciones en la zona que se les asigna”.

Esto es todo lo que hicieron, pues la Generalidad impidió que se desarrollar al tener ellos ya una creada. Euskadi no tuvo tantos problemas como Cataluña, ni en el plano político ni en el económico. En este último aspecto sacaron la Caja a finales de 1937 y, en el exilio pudieron disponer de dinero. Cataluña, cuando se dio cuenta de que debía actuar como Euskadi ya era tarde y el gobierno de Azaña les devolvió con creces todos los despropósitos cometidos durante la guerra civil.

César Alcalá es periodista e historiador. Ha publicado diversos titulos sobre la retaguardia durante guerra civil española.