REDACCIÓN. Arqueólogos, ambientalistas y activistas en México e instituciones de todo el mundo siguen oponiéndose al Tren Maya, proyecto faraónico del presidente mejicano de origen español Manolo López Obrador.
Las protestas sostienen que el trazado de la línea turística ha causado y seguirá causando daños irreparables al medio ambiente, a la población maya local y a los sitios arqueológicos de Yucatán, incluidos seis sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y varios descubrimientos realizados durante la construcción del ferrocarril.
La línea recorre 1.500 kilómetros alrededor de la península, incluye alrededor de 20 estaciones entre la ciudad maya en ruinas de Palenque en Chiapas y Cancún en la costa caribeña de Quintana Roo.
El proyecto comenzó a construirse en 2018. Los detractores argumentan que los planes para desviar la línea del tren a través de la selva tropical, anunciados por López Obrador en enero, causarán daños irreversibles al medio ambiente y amenazarán los antiguos sitios mayas. También se teme que el aumento del turismo sólo empeore los problemas existentes de los cárteles de la droga y la trata de personas, también habituales en el narco estado presidido por López Obrador.
“El problema es que la zona aún está poco explorada y no sabemos qué más hay por allí”, dice Miguel Covarrubias, arqueólogo independiente con experiencia en Yucatán. “El gobierno mexicano, llamándonos pseudo ambientalistas y pseudoarqueólogos, ha desplegado al ejército para asegurarse de que el proyecto vaya por buen camino. Obrador incluso nos ha acusado de habernos pagado para oponernos al proyecto”, afirma.
El gobierno mexicano contrató al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para realizar investigaciones preliminares y excavaciones a lo largo de la ruta del Tren Maya. El INAH ha publicado informes sobre varios descubrimientos hasta la fecha, incluyendo más de 3.000 estructuras prehispánicas, más de 80 sitios funerarios y miles de objetos de valor histórico. Sin embargo, más allá del INAH, a los arqueólogos no se les ha permitido acceso al proyecto. Basándose en relatos de comunidades locales, los activistas alegan que el gobierno mexicano ha ocultado una cantidad significativa de hallazgos arqueológicos y que los sitios están expuestos a saqueos.
“Las investigaciones obligatorias que se deben hacer antes de iniciar la construcción se están haciendo con prisas y no con la calidad que requiere una investigación arqueológica”, afirma Covarrubias. “El INAH no tiene la capacidad de protegerlo todo; es un instituto pequeño, con poco presupuesto y muy pocos arqueólogos trabajando allí, algunos de los cuales son sospechosos de haber sido sobornados por empresas privadas”.
Los efectos medio ambientales del proyecto también están presentes en la protesta . UNESCO ha estado en contacto varias veces con las autoridades mexicanas desde el inicio del proyecto “para solicitar que se realicen estudios de impacto y que se envíen todos los documentos útiles”. En septiembre, el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco reiteró su solicitud respecto de los seis sitios del Patrimonio Mundial a lo largo de la ruta del Tren Maya: Palenque, Calakmul, Campeche, Chichén Itzá , Uxmal y Sian Ka'an.
Los efectos potencialmente catastróficos del Tren Maya en los cenotes de la región, que existen bajo un terreno frágil y fácilmente colapsable, son una preocupación común. Las perforaciones y vibraciones cerca de los cenotes podrían provocar que el agua de mar penetre en los sumideros y salinice el agua, contaminando los acuíferos utilizados por las comunidades mayas y los existentes en zonas urbanas y turísticas y centros de la región.
El proyecto está siendo financiado por un impuesto al turismo recaudado por la región de Yucatán y fondos federales desviados de otros programas, así como por un colosal aumento del presupuesto del 650% para el departamento de turismo en 2021. Con un coste inicial de 8.500 millones de dólares ya se disparado hasta los 28.000 millones circunstancia habitual en el país…El gobierno mexicano sostiene que los beneficios del Tren Maya compensarán los costos, y la administración de López Obrador estima, que el proyecto reducirá la pobreza en la región mediante la creación de más de un millón de empleos en el sector turístico y afines a la construcción, gestión y mantenimiento del tren. Sin embargo, durante los últimos tres años, el gobierno mexicano ha sido acusado de eludir las regulaciones ambientales y arqueológicas para completar el Tren Maya antes de que finalice el mandato de Obrador en septiembre de 2024.
No obstante, el populista López Obrador cuenta con el apoyo para su proyecto de su mayor valedor hasta septiembre de 2024: El ejercito mejicano, que además será el principal beneficiario final del asunto.
Según informaba Bimmsa Reports , el ejército será dueño del Tren Maya en su totalidad. Asi, y como se ha acordado con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) los recursos obtenidos por el Tren Maya ni siquiera tendrán que pasar por la Secretaría de Hacienda; en su lugar, irán directamente al patrimonio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Las ganancias de la explotación de la línea servirán para alimentar los fondos de pensiones de los militares. También se apunta que el tren sería eficaz para invadir militarmente la región.
Cabría preguntarse si la destrucción histórico patrimonial que supone la línea turística, estaría siendo compensada con la campaña de demandas y restituciones arqueológicas que Manolo López Obrador y su mujer están llevando a cabo por todo el mundo.
Si (
No(
