En marzo de 1938, la ofensiva bélica desencadenada por el ejército nacional en Aragón, tras el desenlace de la batalla de Teruel, quebró el equilibrio estratégico en la contienda civil y determinó de manera irreversible el desenlace del conflicto. Las tropas nacionales alcanzaron Vinaroz el 15 de abril de 1938, aislando Cataluña y fragmentando en dos la jurisdicción controlada por el gobierno republicano. En el sector septentrional, la penetración enemiga en la provincia de Lérida culminó con la toma de su capital y la ocupación de toda la franja situada al oeste del río Segre y del Noguera Pallaresa, cursos fluviales que pasaron a constituir la nueva línea divisoria de los frentes de combate.
Aunque la decisión de los mandos nacionales de concentrar prioritariamente sus recursos bélicos en la comarca del Maestrazgo con dirección a Valencia posibilitó la supervivencia institucional de la Cataluña republicana durante cerca de doce meses adicionales, la región quedó convertida en una plaza asediada e incapaz de reponer el desgaste cotidiano de efectivos, pertrechos, municiones y suministros alimentarios. Esta nueva realidad de cercanía constante a los frentes de batalla e intensificación sistemática de los bombardeos aéreos quebró la política de normalización en la gestión patrimonial desarrollada hasta entonces por la Generalidad de Cataluña, obligando a priorizar la protección de los depósitos existentes y la búsqueda de emplazamientos seguros para las piezas esenciales del patrimonio histórico y artístico.
Aunque las incursiones aéreas sobre el entramado urbano catalán no alcanzaron de forma generalizada el nivel de destrucción observado en Madrid, la amenaza contra los archivos, bibliotecas y monumentos del casco antiguo barcelonés se vio incrementada. El 31 de enero de 1938 los ataques aéreos afectaron de manera grave las instalaciones del Palacio Episcopal de Barcelona. Poco después la caída de dos proyectiles sobre la Catedral barcelonesa destruyó una de sus bóvedas laterales y dañó el lienzo exterior del claustro.
De igual modo alcanzaron el Palacio Nacional en Montjuïc, el inmueble de la Academia de Buenas Letras y el Convento de la Esperanza, lugar en el que se hallaba emplazado el principal depósito documental de la ciudad y donde las colecciones del Archivo de la Catedral estuvieron a punto de perecer devastadas. La destrucción se extendió asimismo a otras comarcas catalanas, registrándose el derrumbe de la cubierta de la sala principal en el Arxiu de Finances de Tarragona, que custodiaba fondos procedentes de los monasterios provinciales y de la desamortización, daños en el Museo Diocesano de Vich, centro de una de las mayores concentraciones artísticas de la región, y el impacto directo de un proyectil en la bóveda central de la Catedral de Gerona.
Ante aquellos hechos el gobierno de la Generalidad adoptó un plan de actuación articulado en tres líneas prioritarias. En primer término se ordenaron medidas extraordinarias para la protección in situ de los elementos decorativos monumentales y se reforzaron las prevenciones edilicias en los depósitos artísticos. En segundo lugar se procedió al traslado interno de los fondos albergados en edificios excesivamente expuestos hacia dependencias mejor resguardadas dentro de los mismos municipios. Por último se proyectó la evacuación de las piezas capitales del patrimonio cultural hacia el extranjero o hacia depósitos aislados en las proximidades de la frontera pirenaica donde no fuera previsible el desarrollo de acciones bélicas directas.
Las tareas de salvaguarda de monumentos en el ámbito catalán, condicionadas por la premura temporal y la escasez de recursos técnicos, se centraron fundamentalmente en el apuntalamiento de estructuras y la cobertura de relieve decorativo en portadas e interiores. Como dejó constancia en sus testimonios el consejero Carles Pi i Sunyer, se ejecutaron protecciones de urgencia en las esculturas de los accesos a la Catedral de Barcelona y se apuntalaron los tracerías de piedra esculpida en poblaciones como Tarragona, Ripoll, Girona, Castelló d'Empúries y otros municipios, logrando evitar la destrucción de los principales templos de la arquitectura religiosa catalana. A estas intervenciones de campo se sumaron las directrices de carácter preventivo dictadas por el Departamento de Cultura, como la Orden de 18 de enero de 1938, destinada a regular la preservación de restos arqueológicos que pudieran aflorar durante la excavación de refugios antiaéreos urbanos.
Las autoridades culturales decretaron la prohibición de mantener obras expuestas públicamente en las salas de los museos mediante la disposición legal de 23 de febrero de 1938, ordenando su traslado a sótanos o estancias de escasa accesibilidad. La casi totalidad de las colecciones del Archivo Diocesano de Barcelona fue trasladada desde el segundo piso a las oficinas de Contaduría en los bajos del Palacio Episcopal, habilitando el espacio como refugio y apilando los legajos para minimizar el riesgo de incendio. En el Archivo de la Corona de Aragón se efectuó una cuidadosa selección de fondos documentales que fueron depositados en los sótanos del edificio para resguardarlos de posibles impactos.
Existían divergencias esenciales de criterio entre la Generalidad de Cataluña y el Gobierno de la República respecto a las razones y el destino final de las evacuaciones. En el caso catalán los motivos para trasladar los bienes respondían a un sentido estrictamente cultural y de preservación patrimonial, entrelazado con el deseo institucional de dar prestigio a la gestión autonómica mediante exposiciones internacionales en el exterior. La evacuación previa del tesoro artístico madrileño hacia Valencia, impulsada por el Gobierno central, se hallaba condicionada por complejos y debatidos motivos de naturaleza política. El choque más severo entre ambas administraciones se produjo a propósito de la evacuación de obras de arte al extranjero al amparo de exposiciones temporales durante la contienda.
El testimonio de Pi i Sunyer en sus memorias resulta revelador respecto a las directrices de la administración autonómica. Según sus escritos, el plan catalán preveía la salida al extranjero, bajo la custodia de naciones aliadas, de aquellas piezas esenciales del patrimonio espiritual catalán que no fuera posible proteger con absolutas garantías en el interior, al tiempo que se buscaba refugiar el resto del volumen artístico en depósitos alejados de los ejes de comunicación bélica. Dando cumplimiento a este esquema, ya en 1936 se había organizado en París la Exposición de Arte Medieval Catalán, prorrogada posteriormente en el Castillo de Maisons-Laffitte. Los intentos del Departamento de Cultura de ampliar este contingente en suelo francés tropezaron con la sistemática negativa del Gobierno de la República que tenía las competencias constitucionales en materia internacional.
Para aquellas obras destinadas a permanecer en Cataluña, el primer plan formulado por la Generalidad tras el bombardeo de los museos barceloneses consistió en articular un gran depósito central en la ciudad de Olot, elegida por su situación geográfica próxima a los Pirineos y su alejamiento de los principales ejes de tránsito militar. En la iglesia de Sant Esteve de Olot se congregaron, bajo la custodia técnica de Joaquim Borralleras, más de un millón de piezas que abarcaban colecciones de pintura y escultura románica y gótica, tapices, tejidos antiguos, piezas de orfebrería, numismática, cerámica, vidrios, grabados y obras contemporáneas. De forma simultánea, se habilitaron cinco inmuebles en Viladrau, en la masa forestal del Montseny, para albergar los fondos más valiosos de los archivos históricos catalanes. En capitales comarcales como Gerona, Vich, Tarragona, Lérida o Manresa se mantuvieron depósitos locales debidamente acondicionados bajo riguroso inventario oficial.
La efectividad de los planes de evacuación tuvo un exponente temprano en la experiencia de Lérida, primera capital de provincia catalana en caer bajo control de las tropas nacionales el 3 de abril de 1938. Allíse habían reunido en el Hospital de Santa María los fondos del Museo Diocesano, del Museo Morera y notables piezas incautadas en la comarca de Huesca. Al iniciarse los bombardeos sobre el casco urbano, las autoridades locales evacuaron con urgencia las piezas capitales hacia la ermita de Bustsenit, en la orilla del Segre. En este enclave rural se custodiaron el tesoro románico de Roda de Isábena, los dieciséis tapices de la Catedral de Lérida, el Crucifijo de Salardú, retablos medievales como los de la Paheria y Abella de la Conca, ornamentos de orfebrería y setenta cajas con documentación y libros. Dichos bienes fueron posteriormente recuperados por el Servicio de Recuperación de Obras de Arte en medio de la línea de combate, mientras que los objetos que permanecieron en el Hospital de Santa María y los fondos del Archivo Municipal conservados en la Paheria resultaron salvaguardados gracias al tapiado preventivo de vanos y estructuras ejecutado antes de la retirada republicana.
En el sector de Tarragona el agravamiento del frente de batalla, durante los primeros meses de 1938, aceleró la dispersión de sus fondos culturales. Las piezas más destacadas del Museo Arqueológico, emplazado en el Palacio Arzobispal, fueron llevadas al Museo Arqueológico de Barcelona, en tanto que colecciones documentales de la provincia, como las conservadas en el Monasterio de Poblet, se trasladaron al Monasterio de Pedralbes. La vulnerabilidad de Barcelona la convirtió en un enclave provisional. Durante la primavera de 1938, las obras maestras de la Catedral barcelonesa, del Museo de Arqueología y del Museo de Arte de Cataluña emprendieron viaje a Olot.
Por lo que respecta a los archivos trasladados a Viladrau se distribuyeron entre cinco masías y chalets —las casas Balcells, Trias y Creixells en el núcleo urbano, y las masías El Noguer y La Noguera en los alrededores— cedidos por sus propietarios o administradores. Quedando bajo la responsabilidad del facultativo Francisco Lupiani y de un cuerpo de funcionarios autonómicos, Viladrau albergó una selección primordial del Archivo de la Corona de Aragón que abarcaba cuatro mil registros de la Cancillería Regia medieval, dieciocho mil pergaminos, cartas reales, las series de códices de los monasterios de Ripoll y San Cugat, incunables, libros raros y bulas en papiro. Junto a ellos se custodiaron partes sustanciales del Archivo de la Catedral de Barcelona, del Archivo Histórico de la Ciudad, de los archivos municipales de Cervera y de diversos fondos notariales de Figueras, Santa Coloma de Farners, Seo de Urgel y Solsona.
El esquema de protección de los archivos barceloneses se completó en el otoño de 1938 con la habilitación del Monasterio de Pedralbes, destinado por Decreto de 7 de octubre como sede del Archivo Histórico General de Cataluña y de la Sección de Archivos de la Generalidad. El recinto monástico, bajo la dirección del conservador Josep Rocarol y del arquitecto Jeroni Martorell, asumió la recepción de los fondos albergados hasta entonces en el Convento de la Esperanza. Este último edificio, utilizado desde 1936 como gran depósito documental de Barcelona, sufrió el impacto directo de un bombardeo aéreo el 21 de octubre de 1938 cuando las labores de traslado hacia Pedralbes se hallaban ya muy avanzadas. Pedralbes funcionó así como refugio definitivo para la documentación parroquial y notarial barcelonesa, los archivos trasladados de Poblet y una relevante concentración de cuadros y altares desmontados.
La operatividad del gran depósito de Olot como refugio principal duró apenas unos meses. El avance militar de las tropas nacionales en Aragón durante la primavera de 1938 transformó las comarcas pirenaicas en zonas de concentración de tropas republicanas y centros de reclutamiento, instalándose además pequeñas industrias de material bélico en las inmediaciones de Olot. La pérdida de seguridad en la zona obligó a la Generalidad a diseñar un nuevo mapa de depósitos en la comarca del Ampurdán. Para albergar las colecciones procedentes de Olot y las piezas de nueva evacuación se escogieron las fincas aisladas de Mas Descals, situada en Darnius, y Mas Perxes, emplazada en Agullana, ambas enclaves montañosos muy próximos a la frontera francesa.
Con el propósito de descongestionar estas sedes principales y minimizar el impacto de un hipotético ataque masivo, se constituyeron depósitos secundarios para colecciones monográficas. En Seva, la masía Can Figuerolas acogió las colecciones del Museo Marítimo de Barcelona bajo la custodia del funcionario Antonio Vidal Conejero, albergando modelos navales de los siglos XVIII y XIX, mascarones de proa, cartas náuticas en pergamino del siglo XVI y el archivo de la Escuela Náutica. En Bescanó, cerca de Gerona, la finca Can Pol sirvió de refugio a las colecciones de la provincia de Tarragona —incluyendo cuatro sarcófagos romanos con relieves— y a los retablos de la Catedral de Tortosa, rescatados en medio de intensos combates por el pintor Ignasi Mallol.
El depósito de Mas Descals en Darnius, custodiado por un retén de Mossos d'Esquadra y bajo la dirección técnica de Joan Subias —jefe de los Servicios de Museos de la Generalidad—, se convirtió en la mayor concentración artística de la zona fronteriza. En sus dependencias se instalaron las pinturas y tablas góticas de los museos barceloneses, colecciones privadas incautadas, piezas de la Catedral de Vich —de donde llegaron cuarenta y tres camiones con objetos de arte—, las pinturas murales románicas del Museo de Arte de Cataluña e innumerables piezas de orfebrería e indumentaria litúrgica. Por su parte, la finca Mas Perxes en Agullana —inmueble de grandes dimensiones situado en una colina— albergó en su planta baja las colecciones del Museo Arqueológico de Barcelona y los hallazgos del yacimiento de Ampurias, mientras que su primer piso fue habilitado para la colocación de una selección de retablos medievales.
La fase final de la contienda trajo consigo el colapso definitivo del aparato estatal republicano y la pérdida efectiva de las atribuciones autonómicas de la Generalidad. Tras el desgaste sufrido en la batalla del Ebro y la ruptura del frente del Segre por la gran ofensiva nacional iniciada el 23 de diciembre de 1938, el ejército republicano inició una retirada desordenada hacia la frontera. Tras la caída de Tarragona y la evacuación de Barcelona a finales de enero de 1939 sin entablar combate, el Gobierno central presidido por Juan Negrín se trasladó a las comarcas gerundenses. La masa de refugiados, las unidades militares replegadas y la concentración de las altas instituciones del Estado en el Ampurdán convirtieron los depósitos artísticos en sedes de emergencia y cuarteles. Manuel Azaña residió temporalmente en Perelada, el Ministro de Hacienda fijó su sede en La Bajol, Negrín en Agullana y el presidente Lluís Companys en Darnius y Mas Perxes, despojando a los refugios de la discreción geográfica que constituía su principal garantía de salvaguarda.
En estas semanas de caos logístico el Gobierno central asumió de manera unilateral el control sobre el patrimonio catalán, contraviniendo las competencias estatutarias de la Generalidad e imponiendo un plan de evacuación masiva hacia Suiza. Aunque el 15 de enero de 1939 se había constituido una comisión mixta integrada por Timoteo Pérez Rubio y Cándido Bolívar —representantes de la Junta Central del Tesoro Artístico— junto con Ramón Frontera y Joan Subias por parte catalana, el Gobierno central ignoró las decisiones acordadas internamente. En la reunión de Montsolís del 26 de enero de 1939 los máximos dirigentes catalanes, Companys, Tarradellas, Sbert, Andreu y Pi i Sunyer, habían ratificado la postura de mantener los depósitos patrimoniales en suelo catalán, protegidos por los Mossos d'Esquadra y entregados formalmente a las tropas vencedoras por funcionarios de la Generalidad.
A pesar de estos acuerdos, el ministro Julio Álvarez del Vayo formalizó los primeros días de febrero de 1939 un pacto con el Comité Internacional para la Salvaguardia de los Tesoros de Arte de España con el objetivo de evacuar el tesoro artístico a Ginebra bajo el amparo de la Sociedad de Naciones. Entre el 3 de febrero y el cierre definitivo de la frontera, decenas de vehículos pesados cruzaron los Pirineos trasladando expediciones de bienes seleccionados. Desde Darnius salieron dieciséis camiones en un solo convoy y desde Agullana otros veinte, si bien el colapso de las vías de comunicación impidió la evacuación total de los depósitos. En Darnius quedaron empaquetadas cajas suficientes para llenar veinte camiones adicionales, mientras que algún vehículo volcó en el trayecto, como el que transportaba la Anunciación de El Greco procedente de Villanueva y Geltrú, abandonado a escasos metros del paso fronterizo de Le Perthus. En Barcelona, la entrada del ejército nacional impidió la salida de unos trescientos cajones preparados con fondos del Archivo de la Corona de Aragón, de los cuales solo una pequeña fracción con documentación jurídica menor llegó a cruzar los Pirineos.
El contingente evacuado a Ginebra representaba un conjunto monumental de singular relevancia. Las relaciones entregadas por Joan Subias detallan la salida de veintidós tablas de la Catedral de Barcelona, el Retablo del Gremio de los Revendedores, obras de las colecciones Muntadas y Fontana, veinte lienzos de la serie Vida de San Francisco del pintor Antonio Viladomat, obras de Zurbarán, Andrea Vaccaro, Pelegrí Clavé e Ignacio Zuloaga, además de un abanico de pintura del siglo XIX y XX con firmas de Vicente López, Ramon Casas, Isidre Nonell, Santiago Rusiñol, Joaquim Sunyer, Pablo Picasso, Hermen Anglada Camarasa, Joaquim Mir y Modest Urgell. El inventario general del traslado a Ginebra cifró la expedición catalana en 434 cajas de objetos de arte y escultura, 69 esculturas exentas, 407 pinturas, 27 grabados y 11 dibujos, la mayoría pertenecientes al periodo medieval.
Tras la ocupación definitiva del territorio catalán en febrero de 1939, los agentes del Servicio de Recuperación y Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SERPAN) inspeccionaron los antiguos depósitos de la Generalidad, constatando la entrega formal ejecutada por los funcionarios y retenes que habían rehusado exiliarse. En Viladrau los funcionarios Francisco Lupiani y Emilio Combalia hicieron entrega de toda la documentación intacta. En Seva Antonio Vidal custodió los fondos náuticos. En Agullana y Darnius, retenes de Mossos d'Esquadra guardaron los recintos hasta la llegada de las primeras unidades militares. Pese a la dispersión de las obras, la escasez de recursos y la extrema tensión bélica del periodo 1938-1939, el entramado organizativo diseñado para la evacuación del patrimonio histórico y artístico catalán posibilitó la preservación de la inmensa mayoría de las colecciones públicas y privadas de la región.
Si (
No(
