El delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, reunió a los medios este lunes para exhibir el castigo público impuesto a un grupo de seis grafiteros que fueron sorprendidos in fraganti mientras realizaban pintadas en la plaza de Juan Muñoz, ubicada cerca de Cuatro Caminos.
Cerca de 33 jóvenes han elegido este castigo sustitutorio en lugar de pagar la sanción correspondiente, que pueden alcanzar los 3.000 euros.
Equipados con monos azules, mascarillas y gafas de protección, un grupo de jóvenes inició la tarea de pintar de gris una pared de 85 metros de longitud para tapar grafitis. Este trabajo se repetirá en otros lugares de la ciudad. De acuerdo con el Ayuntamiento, las sanciones por estas acciones varían entre 300 y 3.000 euros, dependiendo del tamaño del grafiti, y es posible sustituirlas por horas de trabajo no remunerado dedicadas a la limpieza de grafitis.
Un joven que estaba presente expresó su descontento por la exposición pública y cuestionó la carencia de lugares legales para realizar sus obras: “Los grafiteros queremos tener derecho a expresar nuestro arte”,
La medida, según Borja Carabante, tiene como objetivo “corregir conductas incívicas”. Además, establece una distinción entre el “arte urbano”, que se lleva a cabo “con permiso del Ayuntamiento”, y el grafiti, al que califica de “vandalismo”. Aunque el delegado admite que “sería más beneficioso para las arcas que los sancionados pagaran la multa”, sostiene que “el trabajo comunitario es más eficaz para evitar reincidencias”.
Una promesa electoral del PP fue la creación de una brigada policial específica para la persecución de grafiteros, la cual se materializó a inicios de 2024 con un equipo de 39 agentes dedicados a esta labor. Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2024, se impusieron 361 sanciones por pintadas en espacios públicos. A partir de finales de 2024, la única opción disponible para evitar el pago de la multa consiste en llevar a cabo trabajos de limpieza en las paredes afectadas.
La medida de trabajos de limpieza de grafitis es muy habitual en otros paises como Francia, Alemania, Austria e Italia.
El Ayuntamiento de Barcelona, bajo el liderazgo del PSC, ha decidido aumentar las sanciones por grafitis “en espacios no autorizados”, estableciendo multas que pueden llegar hasta los 600 euros. Además, se requiere que el infractor cubra los gastos de limpieza o reparación del “daño causado”, tal como se detalla en el borrador de la reforma de la ordenanza de convivencia presentado por el gobierno municipal de Jaume Collboni.
La normativa, que se espera que entre en vigor durante el verano de 2025, es parte de un conjunto más amplio destinado a luchar contra el “incivismo”. Este paquete abarca sanciones por orinar en la vía pública, consumir alcohol en presencia de menores y realizar actos de naturaleza sexual en espacios públicos.
Las denuncias por grafitis y pintadas en Barcelona experimentaron un aumento del 48% en 2023, mientras que el importe medio de las multas se elevó más de un 66%. Estas sanciones pueden llegar hasta los 500 euros por infracción y hasta 600 euros en fachadas patrimoniales.
La vigilancia en la ciudad condal ha sido reforzada por la Guardia Urbana, que también ha implementado campañas específicas para combatir estas conductas. Además, los servicios de limpieza llevaron a cabo más de 110.000 actuaciones en el transcurso de un año.
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