J.A.- 2018 el presidente mexicano Manuel López Obrador inició la campaña de recuperación #MiPatriomonioNoSeVende, una acción dirigida denunciar la venta de objetos de arte y arqueológicos que se hallaban fuera de México exigiendo su devolución.
En términos de números, no se puede negar que ha sido efectiva. Desde 2018, más de 13.500 objetos culturales han sido recuperados o devueltos voluntariamente desde 15 países diferentes, incluidos Estados Unidos, España, Italia, Países Bajos y Alemania , respecto a los escasos 500 objetos repatriados durante la administración del predecesor, Enrique Peña Nieto, según un informe del gobierno de 2018.
Esta campaña gubernamental ha sido una acción efectista y empleando la amenaza del desprestigio internacional denunciando públicamente al vendedor.
Tampoco hay que descartar que ante semejante campaña oficialista, los coleccionistas prevean una depreciación de sus colecciones en los mercados, similar al marfil, y hallan preferido deshacerse de ellas sean originales o falsas.
No obstante este tipo de campañas finalmente pierden efectividad, ya que en muchos casos las ventas continúan sin que se pueda hacer nada para evitarlas como la que se llevó a cabo el pasado enero en la subasta OnLine AuctionNinja, vendió 70 objetos supuestamente precolombinos a pesar de las denuncias y exigiendo a la plataforma exigiendo que se retirase la subasta.
Restituciones si, pero no sin recursos para conservar las piezas
No obstante varios expertos arqueólogos y funcionarios mexicanos que trabajan en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México, empiezan a poner en duda ya no sólo la intención propagandística de la campaña, sino los verdaderos efectos que puede causar.
En 2020 coincidiendo con la pandemia Covid 19, el gobierno mejicano, redujo drásticamente el presupuesto del INAH en un 75% , lo que obligó a la institución a detener el trabajo de campo y mantener los museos cerrados hasta el año siguiente. Hasta aquí lógico, puesto que el confinamiento y restricciones por la pandemia fueron un fenómeno global.
Pero estos recortes de fondos han provocado la escasez de mano de obra , salarios atrasados e impagos que incluyen el principal incentivo de participación comunitaria que según muchos podría evitar el saqueo y el robo en primera instancia.
Sin embargo, el problema de la financiación es anterior a la pandemia y ha continuado hasta el presente. El medio informó en diciembre de 2022 que el presupuesto del Ministerio de Cultura había disminuido un 50% desde 2017.
Los recortes fueron aún más severos para el INAH. Un informe de 2021 del gobierno mexicano informaba que el INAH había eliminado más de 950 puestos en las dos décadas anteriores, incluso cuando el número de zonas arqueológicas y museos abiertos al público había crecido considerablemente.
Los problemas presupuestarios del INAH se ven agravados por su supervisión de la creciente lista de 194 zonas arqueológicas, 162 museos y 515 monumentos históricos de México, a medida que los arqueólogos descubren nuevos sitios.
En 2022, el arqueólogo mexicano Daniel Salinas Córdova declaraba:
“Es fantástico que la actual administración esté prestando tanta atención a estas cuestiones de recuperación de elementos del patrimonio cultural de colecciones extranjeras y del mercado del arte, pero centrarse tanto en recuperar sin abordar a fondo las cuestiones laborales, económicas y de gestión en el sector de conservación del patrimonio del INAH es muy cuestionable e insostenible en el largo plazo”.
El efecto, según Salinas Córdova, es que hay muy pocos expertos cuidando, estudiando y catalogando los artefactos recuperados, y tanto los museos como las zonas arqueológicas carecen de personal y necesitan urgentemente mantenimiento y suministros básicos.
Sabiendo todo esto, Salinas Córdova se pregunta: “¿Qué significado tiene que se estén trayendo miles de piezas arqueológicas del exterior, si no hay quien las cuide?”.
Víctor González Robles, doctor en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que el trabajo de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que es la encargada de investigar y perseguir los delitos, está siendo muy importante, pero que estos recortes están afectado especialmente a las comunidades locales: A ellos el patrimonio histórico y cultural no les importa ya que no les aporta nada Si no se les paga por su colaboración no tienen ningún tipo de reparo en colaborar con el crimen organizado.
González Robles ha abogado durante mucho tiempo por una mayor participación comunitaria en los sitios arqueológicos de México, miles de los cuales actualmente operan fuera del modelo de gestión federal. De los 53.000 sitios en México registrados por el INAH, sólo 194 están abiertos al público, esos sitios que no están bajo la gestión pública (52.800), se encuentran en una especie de “ limbo arqueológico ”, donde son supervisados por una constelación de propietarios privados, municipios y comunidades locales. Esos terceros se benefician al convertir estos sitios en atracciones turísticas, mientras que su estatus legal sigue en duda.
González Robles ha pedido reformas para resolver el estatus de estos sitios y aumentar la participación de la comunidad, ya sea mediante una mayor vigilancia en los sitios arqueológicos o capacitando al personal de aeropuertos y servicios postales para identificar y denunciar bienes culturales robados, y estableciendo equipos para patrullar las redes sociales. plataformas de medios y sitios de comercio electrónico.
Plataformas como Facebook, YouTube, eBay y otras se han convertido en el “mercado negro integral ” de antigüedades. González Robles considera que crear equipos de CiberPatrullaje y vigilancia efectiva en los sitios arqueológicos podría ayudar a prevenir la pérdida de bienes culturales allí, en lugar de requerir que el gobierno realice intervenciones llamativas y mediáticas.
El arqueólogo mexicano Omar Espinosa Severino, quien ha hablado sobre el saqueo arqueológico y los derechos de los trabajadores contratados por el INAH cree que la administración actual utiliza la campaña para pulir su reputación política y alterar la percepción pública de los profesionales que trabajan en los museos y el campo de la arqueología. Espinosa Severino no dudó en afirmar “hay una disparidad en los usos del patrimonio. Permanece dentro del ámbito del discurso político”.
¿Contentando a los militares?
En 2021, Manolo López Obrador, creó una nueva unidad de la Guardia Nacional, inspirado en la brigada especializada de delitos contra el patrimonio de los Carabinieri de Italia, otorgando nuevas competencias a una policía, ya de por si salpicada por la sospecha de corrupción y connivencia con el narco.
El proyecto faraónico del Tren Maya ha pasado a ser un recurso turístico
millonario cuya titularidad y propiedad es íntegramente del ejercito mejicano, todo ello con las criticas que ha provocado su trazado de 1.500 kilómetros que pone en peligro el medioambiente y más de 25.000 zonas en estudio arqueológico, y como no, el sobre coste del plan megalomano y que ha pasado de
8.500 millones de dólares a los 28.000 millones, dudando incluso de la viabilidad y de la famosa ruta ferroviaria, que puede convertirse en un auténtico “
Tren de la Bruja” por sus efectos medioambientales y destrucción patrimonial.
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