REDACCIÓN. El mes pasado se anunció que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, había aprobado una ley estatal que obligaba a los museos de Nueva York a etiquetar las obras de arte que se sabe que fueron saqueadas por los nazis. La noticia fue publicada en Pecados del Arte en edición anterior.
La gobernadora justificó la nueva norma como una forma de honrar a las víctimas del Holocausto. Pero algunos especialistas en del derecho dicen que este requisito puede ser anticonstitucional constitucional.
Cientos de miles de obras de arte fueron robadas a judíos después de que los nazis llegaran al poder y muchas terminaron en colecciones de museos de todo el mundo, incluido un número desconocido en Nueva York. En las últimas décadas, los herederos judíos de familias de han presentado demandas para intentar recuperar las obras aunque con un éxito desigual.
No obstante y según informa Lootedart, se ha abierto el debate entre los que opinan que la identificación de las obras es una cuestión de justicia histórica y como un recuerdo a un momento terrible de la humanidad y quienes creen la medida no sólo innecesaria sino que tal vez hasta anticonstitucional como expoliadas es innecesaria y que incluso vulneraría la Primera Enmienda, norteamericana.
“Es vital que seamos transparentes y nos aseguremos de que cualquier persona que vea obras de arte robadas por los nazis comprenda de dónde provienen y su papel en la historia”, declaró la demócrata de Long Island, Anna Kaplan.
Aunque la intención de la ley podría tener una intención didáctica para los más jóvenes, hay quien considera que no deja de ser la aplicación de un “discurso forzado” incluso mediático en la línea de la Cultura de la Cancelación imperante en el país.
Así Eric Goldman, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara dijo que no está claro cómo los tribunales podrían interpretar la medida si fuera impugnada.“Es una incursión en las decisiones artísticas del museo”, dijo, en cuyo caso podría anularse. “Le dice a un museo cómo debe presentar su arte y eso tiene implicaciones para la capacidad del museo para hablar, para hacer su propia declaración artística”, aunque por otra parte el jurista opina “que sí simplemente que requiere que los museos divulguen los detalles del historial de propiedad de una obra, podría ponerla en un terreno más sólido”.
“Es poco probable que los museos estén entusiasmados con esta ley, porque cualquier divulgación que hagan en relación con esta ley podría convertirse en la base de una demanda en su contra”, dijo Goldman. “Los potenciales demandantes tratarán esto como una admisión que impulsaría su caso para tratar de reclamar la propiedad del objeto”.
Rebecca Tushnet, profesora de Primera Enmienda en la Facultad de Derecho de Harvard, es menos dubitativa que Goldman. “No creo que sea constitucional”, dijo. “El gobierno necesita una muy buena razón para evitar que hables de la forma que quieres y para exigirte que digas algo que preferirías no decir” .
Tushnet agregó que el gobierno a veces usa de manera inapropiada un “discurso forzado” cuando quiere incentivar una acción, en este caso la restitución, pero hacerlo directamente sería demasiado complicado o políticamente desagradable”.
Era una reacción que cabía esperar. No cabe duda que a varios de los museos de Nueva York la nueva medida no les ha hecho ninguna gracia y probablemente ha puesto en guardia al resto del colectivo museístico norteamericano.
En su mayoría los museos norteamericanos son instituciones privadas, creadas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y basados en una agresiva competitividad entre ellos. Sus dueños y fundadores muchas veces competían en el plano social y empresarial incluso, por tanto era una cuestión de prestigio y símbolo de poderío poseer las colecciones más extensas y valiosas. Sus fondos son de reciente adquisición y con unos criterios de adquisición y procedencia que en su momento y en muchos casos (demasiados) fueron muy flexibles y discutibles, cuando no ilegales, según la museística actual de hoy.
Si (
No(
