Entiendo que purgar, es algo que le pone cachondo porque lo lleva en sus genes bolcheviques, pero esta vez, no ha podido ser.
La víctima no ha sido otro que un funcionario y conservador del IPCE, llamado C.T. de 67 años, y que denunció el desastre y chapuzas perpetrados en 2022 en el archivo fotográfico nacional, cuando el Instituto de Patrimonio Cultural de España decidió cambiar el sistema de climatización del edificio que lo alberga en Madrid, y causó daños irreversibles a 12.000 placas fotográficas del siglo XIX, la mayoría del catálogo del pionero en este arte, J. Laurent, como nos explicaba Barbara Mur.
Parece ser que nuestro ministro y sus colegas tener a un chivato en casa, no les gustó y entonces se gestó la purga, sin saber lo que es un funcionario epañó y la que puede liarse como se le encabrone.
No contento con esto , el pasado 17 de octubre, C.T. habría presentado también una denuncia por «corrupción y prevaricación» contra los directivos del instituto. En la exposición de motivos se recogía que esa obra era «incompleta y defectuosa» (una ñapa, vamos) y que había provocado daños en los archivos, como acreditó la Fiscalía. Aun así, «se certificó que todo estaba bien en el Acta de Recepción de la obra de climatización». «¿Por qué es tan importante ese Acta de Recepción? Ocurre que presuntamente se certificó que las obras eran correctas para que cobrasen pronto las tres empresas principales», Esas tres empresas, eran Elecnor Infraestructuras, Hydra Ingeniería y Urcotex. Todo esto lo cuenta el ABC.
Por lo visto y ante la denuncia de corrupción, se inventaron un expediente sancionador que acusaba C.T. de «un presunto incumplimiento en las tareas que se le han encomendado» y sancionarlo con tres años y un mes sin empleo y sueldo.
La cosa pintaba mal para el pobre C.T. de 67 años que no tiene intención de abandonar su puesto de trabajo. “Tengo 67 años y no quiero jubilarme. Me quieren forzar a hacerlo. Quieren quitarse de en medio a un testigo de lo que han hecho” declaraba. Pero no era la lástima, el argumento que esgrimia C.T.
Con lo que no contaban ni el ministro ni sus colegas era con la temible CSIF (Central Sindical Independiente de Funcionarios). Así la cofradía sindical alega que C.T. se acoge a condición de informante protegido. ¿Que es eso?, pues el Derecho de Indemnidad, es decir, protección legal que impide que un trabajador sufra represalias por denunciar irregularidades.
Así, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, ha certificado que el técnico reúne los requisitos para ser considerado informante protegido y que su testimonio merece protección frente a eventuales represalias.
El ministerio y su titular se la han tenido que envainar y eso duele y escuece, más que nada, porque además de que la purga le haya salido mal, el purgado ha denunciado a directivas del Instituto de Patrimonio Cultural de España por acoso laboral, cosa muy fea y mal vista entre el funcionariado, sobretodo si es para sacarse el muerto de encima. Quien ejercía de subdirectora general del IPCE, Susana Alcalde Amieva, denunciada por acoso laboral, se ha largado del IPCE. Entiendo que cruzarte por los pasillos con un tipo sonriente, no mola.
Al compañero C.T. le quedan las otras dos denunciadas: Teresa Díaz Fraile y Estrella Martín Castellano, y tiempo y solidaridad funcionarial para apoyar al compañero al que le quieren colgar el marrón, no le faltan a un burócrata español que se precie, para amargarles los descansos intrajornada.
Y otro día, que nuestro bolchevique de salón, explique a que colegas tiene en Elecnor Infraestructuras, Hydra Ingeniería y Urcotex para cobrar tan rápido y dejar aquello hecho unos zorros.
Y es que purgar, ya no es como en los tiempos del amigo Beria. Ahora te pueden laxar a ti.
Si (
No(
