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¿TRÁFICO ILÍCITO o ALMACENAMIENTO?

Los anticuarios franceses (SNA) se manifiestan contra la nueva norma europea sobre exportación de antigüedades
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Los anticuarios franceses (SNA) se manifiestan contra la nueva norma europea sobre exportación de antigüedades (Foto: © Syndicat National des Antiquaires )

Los anticuarios franceses protestan en bloque contra la nueva Ley Comunitaria (EU) de comercio de antigüedades extracomunitarias

La nueva regulación entrará en vigor el 28 de junio de 2025, ampliando el actual Reglamento 2019/880

jueves 21 de marzo de 2024, 10:00h
El Puerto Franco de Ginebra sigue siendo la 'Cueva de Alí Baba'
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El Puerto Franco de Ginebra sigue siendo la "Cueva de Alí Baba" (Foto: © RTVE)

El texto focaliza su atención sobre el trafico ilícito de antigüedades y bienes culturales extracomunitarias como fuente de financiación del crimen organizado y el terrorismo. Extremará la certificación de procedencia y propiedad.

REDACCIÓN. Desdeel pasado 1 de marzo, El poderoso lobby de anticuarios franceses del Syndicat National des Antiquaires (SNA), que representa a unos 300 miembros en Francia, ha iniciado una campaña de contra las nuevas regulaciones comunitarias sobre comercio de antigüedades extracomunitarias que entrará en vigor el próximo 25 de junio de 2025, ampliando el actual Reglamento 2019/880.

La nueva ley no restringirá las importaciones, sino que exigirá y extremará un mayor control sobre la documentación de procedencia de estos artículos. De esta manera, se pretende limitar el trafico ilícito de antigüedades y bienes culturales desde países extracomunitarios que pudieran ser objeto de financiación del crímen organizado y terrorismo.

La nueva ley, de facto , consideraría cualquier artículo importado sin esta documentación de procedencia, como saqueado hasta que se demuestre lo contrario. La Comisión Europea destaca que la ley fue redactada en 2019 como respuesta a quejas de saqueo desenfrenado de sitios arqueológicos en Siria, Afganistán y otros países asolados por la guerra.

Entre otros la nueva ley exigirá que los objetos (incluidas obras de arte, antigüedades y parafernalia histórica) que tengan más de 200 años y valorados individualmente en alrededor de 19.500 dólares requieran una nueva “declaración de importador”. Esta ley se aplicará a fósiles, antigüedades, manuscritos y arte.

Para ello se deberá presentar un historial completo de propiedad o procedencia del objeto. Por tanto los marchantes y coleccionistas que regresan a la UE serían susceptibles a ser encausados si no pueden demostrar suficientemente la procedencia de su propiedad, incluso si ha estado en su colección durante décadas.

La reacción de los anticuarios franceses contra esta ley no se ha hecho esperar. Francia es actualmente el cuarto mercado mundial de arte después Estados Unidos, Reino Unido y China y después del BREXIT, Francia es un centro histórico para el comercio de antigüedades y arte tribal y se ha convertido en el segundo mercado de antigüedades más importante en el mundo.

Los anticuarios alegan que hay pruebas irrefutables de que las ganancias del arte saqueado financien el terrorismo, y que incluso los medios de comunicación han exagerado el alcance del comercio ilícito de antigüedades.

También argumentan que sus asociados son miembros de CINOA, la asociación internacional de comerciantes de arte y antigüedades con sede en Bruselas y que durante los últimos la asociación ha tratado desesperadamente de alertar a los gobiernos y funcionarios sobre esta cuestión, pero no ha pasado nada.

Aseguran que la nueva regulación de documentos puede ser en algunos casos imposible. Según representantes del Syndicat National des Antiquaires, estos objetos “Han existido en colecciones privadas durante años. Nadie solicitó jamás ningún tipo de información, ningún rastro en papel, porque no había ninguna obligación de hacerlo”.

La SNA sostiene que la regulación provocará que el comercio, no se detenga, sino que simplemente se desvíe fuera de la UE donde en países como China o países árabes, estas regulaciones son papel mojado.

No faltan razonamientos filantrópicos contra la aplicación de esta norma, ya que según los anticuarios, complicará el proceso para que los coleccionistas privados donen objetos culturales de sus propias colecciones a los museos de la UE o regresen a la UE desde el extranjero con sus fondos y no dudan en calificar al mercado de antigüedades como uno de los grandes proveedores de información y conocimiento cultural. Concluyen que si se mata al mercado, se acabará con toda esa información y apreciación.

Para los anticuarios, con las nuevas regulaciones, los importadores deben asumir la responsabilidad legal por la documentación de procedencia presentada. Si posteriormente se demuestra que el objeto fue saqueado, el importador puede ser considerado responsable. En el caso de un coleccionista individual que regresa a la UE después de vivir en el extranjero, la incapacidad de proporcionar la procedencia adecuada de un objeto que ha poseído durante décadas puede significar que no puede traerlo a la UE, a riesgo de ser procesado penalmente.

Se conceden excepciones para la entrada temporal a la UE, incluidos objetos destinados a exposiciones institucionales y ferias comerciales, pero los comerciantes dijeron que no hay ningún incentivo para llevar arte a una feria si carece de la licencia requerida, porque no podrán venderlo a clientes de la UE.

Como se ha informado últimamente en Pecados del Arte, uno de los mayores problemas relacionados con este tráfico ilegal, ya no sólo es su procedencia, sino también su almacenamiento y custodia que pueden hacer desaparecer durante años este tipo de objetos en los llamados Puertos Francos, ubicados en su práctica totalidad fuera de la EU, pero en territorio europeo, hasta nuevos destinos, sobretodo extracomunitarios, como Estados Unidos , Asia y Oriente Medio.

Las normas de la EU no son aplicables no en los países de tránsito (Puertos Francos) ni en los destinos finales, por tanto no habría que descartar que la nueva ley comunitaria pretenda es estrechar el cerco a los países considerados paraísos fiscales.

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