Conozco personalmente a Francisco Matas, Francis, un “detectorista bueno”. Un pitero converso que se cansó de estar en el lado oscuro y desde hace años se ha convertido en un experto, que colabora con las administraciones en la buena practica del asunto. Espero que en breve, se digne a compartir con nosotros sus experiencias, críticas y opiniones.
Leo en su chat que “La base de cualquier estudio medianamente serio, que pretenda abordar y determinar la afección al patrimonio por el uso inadecuado de detectores de metales, debe pasar forzosamente por cuantificar el número de usuarios de detectores de metales que existen en España”, cuestión que comentamos cuando nos conocimos hace unos meses.
En mi ingenuidad plantee que ya puestos, ya que el uso “ilegal” del aparato está tipificado como delito ¿Por qué no hay un control en su venta o al menos un registro, como actualmente tiene hasta una carabina de aire comprimido, cuyo fin es exclusivamente el tiro deportivo, controlado y restringido a mayores de edad y en condiciones muy concretas?. No hay que ser imbécil como para no entender, que si la venta de estos aparatos es libre en Internet, los comerciantes de calle no van a perder la oportunidad de negocio. Hasta me parecería injusto.
¿Penas más severas para el arqueofurtivo, y meterlo a galeras mientras el chorizo violento sale a las dos horas de comisaría? Tampoco me parece.
No hay estadísticas sobre esta actividad. Nadie sabe, ni nosotros mismos los especialistas, cual es el volumen del arqueofurtivismo en el país y obviamente como actividad ilegal, es posible que nunca lo sepamos. Vemos o nos enteramos de la “actividad” a medida que puntualmente y en cuentagotas, los medios ofrecemos la información que también en cuentagotas ofrecen las autoridades ¿Hay más? Por supuesto. Sigue siendo muy rentable para el que lo practica ya que todo se vende por Internet y ponte tu a buscar. Tan rentable que se dice que el 95% de las antigüedades arqueológicas que hay en el mercado proceden del expolio.
Los académicos son más radicales. Recomiendan la prohibición total del detectorismo como una solución. Les aseguro que nada más lejos de mi espíritu que la prohibición como medida. Soy un ingenuo que defiende el principio libertario del Prohibido Prohibir creyendo en el sentido común general, pero para que el este SENTIDO común tome forma, hace falta formación.
Se aboga incluso por la solución deportiva, es decir jornadas y concentraciones de asociaciones en campos alquilados. ¿Y el resto de los días que hacemos?.
Se apunta igualmente a la colaboración ciudadana con los cuerpos de seguridad e instituciones y la recompensa moral del reconocimiento público, aunque me temo que el españolito detectorista todavía no está preparado para entenderlo.
Desde hace meses sufrimos una avalancha de noticias de hallazgos millonarios de oro y plata. La gente se queda en los titulares. Empiezo a sospechar que hay mucho redactor que también es detectorista (cuando no arqueofurtivo directamente) y filtra las noticias en medios generalistas para ir “sensibilizando” o crear polémica al respecto, sin explicar que eso pasa en otros países donde la legislación es diferente a la española.
Si alguno todavía se pregunta porqué insistimos tanto en esto del arqueofurtivismo y no lo entiende, debemos asumir que ciertamente las cuestiones del Patrimonio Histórico, no interesan o no hemos llegado a entenderlas todavía como ciudadanos. Aunque insisto, como el asunto este del expolio es rentable, tampoco se quieren dar por enterados.
Vamos llegando pues al asunto delicado, y Francisco Matas apunta sin cortarse que a “la administración y políticos, el patrimonio se las trae al pairo, en tanto que el rédito político que ofrece el patrimonio histórico es insignificante, cuando no directamente nulo”.
Dicho asi preocupa, pero es que tampoco hay muchas otras maneras de expresarlo y personalmente lo suscribo al cien por cien. Hay una sensación de haber tirado la toalla. De darlo por imposible o que cualquier medida es como poner puertas en el campo.
No me equivocaré demasiado si digo que el ciudadano de a píe, hoy considera en una preocupante mayoría que Salir con un detector de metales a pasear por el campo es deporte, es sano, entretiene y con un poco de suerte te convierte en millonario. Son valores que priman en nuestra sociedad actual. Obviamente indicar con carteles que usted se halla en una zona arqueológica, como si se indicara que es un campo de minas, escapa a toda lógica ya que se estarían dando las llaves del piso al Arqueofurtivo. Nos queda esperar a la próxima nota de prensa del SEPRONA o de los Agents Rurals de la Generalitat que es lo que le queda al ciudadano para justificar el sueldo.
Otra. Sencillamente ignorar o desconocer el Convenio de Nicosia por parte del político y del legislador español es humillante. El Convenio de Nicosia provee una base legal para el enjuiciamiento al obligar a los estados firmantes a penalizar los delitos contra el patrimonio cultural. De esta manera, la Convención refuerza la prevención de los crímenes contra el patrimonio y la respuesta judicial penal a todos ellos. Este tratado de derecho penal es el único instrumento jurídicamente vinculante destinado a prevenir y combatir estos delitos, mediante el fortalecimiento de las respuestas de la justicia penal, al tiempo que promueve la cooperación internacional.¿Ha firmado España este convenio? Ni siquiera lo ha ratificado.
El rendimiento político del Patrimonio Histórico es nulo. Politizarlo no es rentable ya que es una cuestión minoritaria, casi freaky, según muchos. Adentrarse en nuestro pasado común, comprender nuestra evolución como sociedad, asumir nuestra civilización de manera objetiva, son conceptos que al político español actual le dan espantó y le avergüenzan.
Aunque tal vez la explicación sea más sencilla. ¿Todo aquello que no sea posible ideologizar, radicalizar, o excluir interesa? ¿O es que estamos en manos de una reata de ignorantes?.
Ambas opciones vigentes son pavorosas.
Si (
No(
