Tas medio siglo de contratos colombianos con empresas cazatesoros para expoliar el llamado Santo Grial de los naufragios, el Presidente Petro ha prometido excavar científicamente el yacimiento del galeón. Sorpresa que tiene su precio: que la operación sea con derecho colombiano. El problema es que el derecho colombiano excluye el derecho internacional y el derecho español. Sobre todo, excluye la inmunidad soberana que sigue ostentando España sobre sus buques de guerra hundidos en aguas de todo el mundo, lo que le permite mantener su propiedad y preservar sus tumbas de guerra.
Si sólo existiera un galeón español hundido, la propuesta del presidente Petro podría ser muy aceptable y sus motivos nada sospechosos. Pero los pecios históricos españoles que aún subsisten son centenares y la operación de Petro para un solo galeón supone la renuncia por parte de España de la inmunidad soberana que protege, para la arqueología y la ciencia, el resto de su legado histórico sumergido.
Ahí llegamos a un aspecto que en nuestro país algunos parecen olvidar: la industria cazatesoros se lo juega todo con este asunto. Lo que se diseñe en relación al San José va a afectar a todos nuestros pecios, no sólo al San José. Porque junto con la excepción nace siempre una regla. El público merece saber distinguir cuál es la excepción del caso: el galeón San José. Y cuál y para quién es la regla: para el resto de galeones y buques históricos hundidos en aguas de Colombia que quedan vulnerables y se regirán por la ley vigente en ese país la Ley 1675 de 2013 relativa al Patrimonio Cultural Sumergido, que es una norma asesorada por la industria cazatesoros y que legaliza sus actividades en asociación con el Estado Colombiano.
La otra conclusión, inevitable de todo ello e igual o más grave, es que el antecedente jurídico del San José se va a extender necesariamente al resto de galeones y buques históricos españoles hundidos en aguas de toda América. No habrá empresa ni Estado que no manifieste que, la renuncia a la inmunidad soberana sobre los yacimientos arqueológicos en Colombia, significa el abandono explícito del resto de buques hundidos españoles por todo el mundo. Desde luego no espera otra noticia la industria cazatesoros. Basta tan sólo en fijarse en la reacción de la empresa cazatesoros Maritime Archeology Consultants socia del gobierno colombiano para la explotación comercial del San José. Supuestamente perjudicada por ser aparentemente apartada del saqueo del pecio, en lugar de demandar a Colombia por los daños y perjuicios sufridos, está pacientemente «segregando saliva», expectante ante la inminente caída en la trampa por nuestro país, renunciando al derecho internacional y al español por el derecho de Petro. Con este formidable antecedente la protección que brinda a nuestros yacimientos arqueológicos en aguas de todo el mundo, la inmunidad soberana quedará seriamente dañada y ese legado histórico, a falta de mejor protección, quedará abierto a la industria cazatesosos de las empresas cazatesoros y de los Estados cazatesoros.
Si bien España ha desistido de diseñar una política de Estado en torno a su patrimonio cultural sumergido, nunca antes había considerado dar de lado la inmunidad soberana sobre sus pecios históricos, siquiera para facilitar el entendimiento con un país amigo. Es un grave error sobre el que la opinión pública debería estar informada y poder pronunciarse.
La inmunidad soberana nos permite construir sobre esos yacimientos un patrimonio común y compartido donde, sin restar protagonismo a Colombia o a España, podamos reunir las voces de toda América (incluso las indígenas como las de Killakas, Carangas, Chichas, etc que buscan una reconciliación histórica con España) en condiciones que garantizan el derecho internacional, no la voluntad de un presidente.
Estar a la altura de nuestro legado histórico subacuático es complicado, es una responsabilidad enorme que merece respeto, pero que exige información contextual muy amplia.
La última derivada de esta historia, que no es la menor, es la coincidencia legal consistente en que los antiguos socios del presidente Santos, para el saqueo del San José, están intentando atenuar el efecto de la inmunidad soberana en un importante caso ante el Tribunal Supremo del Reino Unido.
El que todo esto suceda en un momento de gravísimos conflictos internacionales donde el escenario marítimo es relevante no debería hacernos confiar en una casualidad. Sembrar la duda o la idea de que la inmunidad soberana de buques de Estado tiene, gracias a las trampas de cazatesoros, una gama de grises, genera un riesgo para la paz y la seguridad jurídica internacional en estos momentos, y la mayor amenaza para el patrimonio cultural subacuático.
José Mª Lancho
Abogado experto en tecnología y patrimonio cultural subacuático
dirige el despacho LANCHO ABOGADOS Y CONSULTORES
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